Los mismos colegios catalanes que favorecen el estudio del islam en las aulas se muestran luego inflexibles en el ámbito lingüístico y defienden la presencia del catalán como única lengua vehicular en la enseñanza. Respeto a la multiculturalidad sí, pero no al bilingüismo, un derecho constitucional.Un demoledor artículo de E. Armora en ABC denuncia la hipocresía nacionalista catalana capaz de prohibir los derechos constitucionales de los españoles y a la vez dar facilidades para el estudio del islám, judaísmo o evangelismo.
Cataluña reconoce abiertamente el derecho de los inmigrantes a recibir enseñanzas sobre sus respectivas religiones pero, en cambio, niega a los españoles asentados desde hace muchos años en Cataluña el poder recibir los primeros años de enseñanza en su lengua materna, un derecho constitucional.
En la región catalana los alumnos tienen más fácilidades para aprender los orígenes del «Xahadá» (la profesión de la fe en la religión islámica), familiarizarse con los ritos del «Sálat» (la oración) o saber por qué los judios demuestran obediencia estricta a su única Ley religiosa escrita: la «Torah», que escolarizarse en español.
Quien no lo crea sólo tiene que leer el folleto de preinscripción que la Consejería de Educación de la Generalitat ha colgado en su web y que desde hoy y hasta el próximo día 16 está al alcance de todos los padres que deseen escolarizar a sus hijos en colegios públicos de esta Comunidad.
El Gobierno de Montilla ha recibido varias amonestaciones judiciales, varias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y una del Tribunal Supremo (2008). Todos los fallos obligan a la Generalitat a reinstaurar la demandada casilla en los folletos oficiales de preinscripción escolar. El último pronunciamiento judicial, de diciembre de 2009 y emitido por el TSJC, avala, sin embargo, el modelo de atención lingüística de la Generalitat.
Los padres catalanes no tienen la opción de marcar una casilla porque no existe como tal sino que les conminan a dirigirse a la dirección del centro a pedir que sus hijos reciban el primer año en castellano, siempre con la fórmula de la atención individualizada. La nueva Ley de Educación catalana, aprobada el pasado verano en el Parlamento catalán, recorta de cinco años a uno el derecho a recibir enseñanza en castellano.
