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La existencia de la caja única de la Seguridad Social está sobre la mesa de negociación para la aprobación de los próximos presupuestos generales del Estado. Al menos así lo han publicado varios medios de comunicación, que no han sido desmentidos por miembros de Ejecutivo y en consecuencia deben darse por buenas. Estas señalan que el gobierno está decidido a ceder a las autonomías la gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social, a cambio del apoyo del PNV a los presupuestos. Esta es una reivindicación tradicional de los grupos nacionalistas y si el gobierno no fuese capaz de sacar los presupuestos adelante, tendría que convocar elecciones generales anticipadas. De ahí la importancia de la noticia.
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Durante la transición española se dibujó un modelo administrativo de Estado asentado en la creación de diecisiete comunidades autónomas. Los datos económicos del sostenimiento de ese modelo son demoledores. La mayor fuente de deuda pública se encuentra en las autonomías, y es varias veces la del Estado central y todos los ayuntamientos juntos. Esto nos dibuja una escena poco sensata, ya que a la realidad de esa mastodóntica deuda hay que sumarle que las autonomías son la mayor causa de duplicidad de funciones con otras entidades administrativas, y de aumento del volumen del Estado. Estos datos nos conducen a señalar que es en las comunidades autónomas donde debe llevarse el principal recorte de gasto público. Y esto sólo puede llevarse a cabo repensando un modelo administrativo que se ha demostrado insostenible económicamente. Sencillamente España no puede permitirse el lujo de sostener 17 gobiernos, y la teta de la vaca de Europa toca a su fin. En consecuencia es el momento de pensar en diseñar una administración más pequeña, más eficaz, con menor coste y más cercana al ciudadano y a sus necesidades, en la que el peso de la sociedad civil sea mayor y en la que prime el ejercicio democrático y la participación ciudadana.
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La reciente reforma laboral ha pivotado de manera principal entorno a los mecanismos y cuantías de las indemnizaciones del despido. Se ha asumido sin entrar en más detalles que el coste del despido es un impedimento para la creación de empleo. Ahora bien, que algo se repita cien veces no lo convierte en una verdad incontestable. Simplemente lo convierte en algo reiterado un centenar de veces. A falta de un debate sincero y público sobre este importante asunto los agentes sociales y el gobierno han optado por asumir esa máxima, y por desarrollar mecanismos para facilitar el despido de los trabajadores y abaratar las indemnizaciones por despido. Y a ese conjunto de medidas se la ha dado el título inexacto de reforma laboral. Sin embargo el debate en torno al despido debe llevarse a cabo pues es un elemento fundamental de las relaciones laborales que lleva fallando desde hace decenios. Seguir eludiendo el mantener ese debate a fondo es un contratiempo ilógico para nuestras relaciones laborales, que en el estado de crisis económica en la que estamos inmersos se torna en una irresponsabilidad.
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Román nació en Guetaria (Guipúzcoa) y tiene tres hijos. Reside en Málaga, aunque tiene segunda residencia en Madrid y en Amsterdam. Empresario con intereses en varios sectores económicos, principalmente importación-exportación, hostelería, comercio y franquicias, ha detentado diversos cargos en entidades sociales. En la actualidad es el director de la oficina de Andalucía del Centro de Relaciones Comerciales Hispano Rusas. Lo compagina con cargos en varios consejos de administración, así como en las directivas de la Asociación Malagueña de Escoliosis y Problemas de Espalda, Foro para el Fomento del Asociacionismo, y la Asociación Profesional Española de Directores de Recursos Humanos. |
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Dentro de poco encender la luz del salón, la televisión o la vitrocerámica nos va a costar un 4% más, a lo que le tendremos que sumar otro 2% de la subida del iva. Un 6% nada despreciable en una nación en la que los sueldos nunca suben un 6%, y en la que las dinámicas son la congelación, la reducción o el desempleo. Pero lo que menos se está explicando es que el recibo de la luz no va a subir porque se nos encarezca el petróleo o porque el producto en sí tenga un mayor coste de producción. La subida irá destinada íntegramente a la subvención de las energías renovables. Y es que el gran público no sabe, que las energías renovables son inviables económicamente sin el soporte de la subvención. Como también desconoce mayoritariamente que esta será la segunda vez en un año y medio en la que nos suben el recibo de la luz para ese mismo fin. Es decir, para que las grandes compañías eléctricas que son las que se han quedado la mayor parte de esa tarta sigan logrando pingües beneficios en base a dinero público. Ello sin olvidar la obsesión enfermiza de no terminar de una vez por todas con las subvenciones y el sostenimiento artificial a la inviable industria del carbón, que también pagamos todos en nuestro recibo de la luz.
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